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El Gobierno anunció ayer un acuerdo con las empresas de salud privada por el dinero que cobraron de más a sus afiliados. Sin embargo, falta la confirmación del sector
Al cabo de una maratónica audiencia judicial, las empresas de medicina prepaga y el Gobierno parecerían caminar a un principio de acuerdo. Según se supo anoche a última hora, las compañías habrían aceptado devolver en un plan de 12 cuotas una parte de lo que le aumentaron a sus afiliados por sobre la inflación. Lo harían a partir de julio. Oficialmente se adelantó también que las entidades reincorporarían, sin penalidades y en iguales condiciones a las que estaban, a las personas que se hayan dado de baja en los últimos meses. Pese al anuncio del Gobierno, desde el sector privado evitaban aún hablar de un acuerdo cerrado.
Las compañías reclamaban que a partir de octubre se vuelvan a liberar los precios de las cuotas
En una jornada de versiones cruzadas, en un primer momento trascendió que las prepagas ofrecieron devolver lo cobrado de más a sus afiliados en un plazo de 12 cuotas y por un monto equivalente al 24% de la cuota de julio, lo que hubiese dado un descuento del 2 por ciento sobre los pagos futuros. La propuesta se conoció en el marco de una larga audiencia de conciliación celebrada en el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco.
Tras nueve horas de reunión, el Gobierno confirmó que las compañías devolverán en un plan de 12 pagos parte de los montos extra que cobraron a sus afiliados en los primeros meses del año y que lo harán recién a partir de julio. Según un comunicado de la SSS, esos importes se actualizarán según la tasa pasiva de plazo fijo del Banco Nación y no por inflación. Este índice se usaría también para actualizar las cuotas de los planes de salud.
“En el marco de la audiencia convocada por el Juez Juan Stinco, el Gobierno Nacional acordó con las empresas la devolución de todo lo cobrado de más en 12 cuotas actualizadas a hoy por la Tasa Pasiva de Plazo Fijo del Banco Nación. Y mes a mes se actualizará la cuota por el mismo indicador”, destacaron desde el ministerio de Salud, donde antes habían rechazado: “Las prepagas aumentaron hasta un 165% cuando el IPC fue del 114% y solo quieren devolver el 24% nada más y en 12 meses. Las prepagas se están quedando con la plata de sus usuarios. La propuesta de un 24% en 12 cuotas no es aceptada”.
En este contexto, faltaba todavía anoche que desde el sector privado confirmaran el acuerdo difundido por el Gobierno.
Fruto de las negociaciones de ayer, las prepagas aceptarían además que entre julio y septiembre los precios de sus planes se ajusten en un porcentaje equivalente al 95 por ciento de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec (es decir, si la inflación del mes de referencia fuera de 7 por ciento, las cuotas subirían 6,65 por ciento).
Las compañías reclamaban también que a partir de octubre se vuelvan a liberar los precios de las cuotas, tal como estableció el DNU 70 de Javier Milei, hasta que en abril (cuando los incrementos llegaron a sumar el 165 por ciento en cuatro meses) el propio Gobierno empezó a ponerle tope a las subas y denunció al sector por supuesta cartelización. La sospecha es que un grupo de empresas (las más dominantes) se pusieron de acuerdo para definir el ritmo de los aumentos.
En ese sentido, desde el Gobierno se explicó que “la denuncia por cartelización, que fue parte de la negociación impulsada por las 7 prepagas más grandes del mercado con el fin de dejarla sin efecto, continuará vigente en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Tanto el acuerdo de devolución como la continuidad de la denuncia por cartelización son acciones fundamentales y complementarias para continuar desmontando el entramado político empresarial que queremos dejar atrás”, advirtieron en la Casa Rosada e insistieron en que trabajan “con el objetivo de garantizar la libre competencia en el mercado y la libertad de elección de los usuarios”.
A principios del mes pasado y por la red social X (antes Twitter), el ministro de Economía, Luis Caputo, acusó a las prepagas de haberle declarado la “guerra” a la clase media. Para entonces los aumentos de los planes de salud privada se habían disparado un 165% promedio en cuatro meses y diputados de la Coalición Cívica habían presentado una denuncia por presunta cartelización, de la que se hizo eco la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hasta terminar desembocando en una causa en el juzgado de Stinco.
El conflicto precipitó la salida de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, de la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que nuclea a todas las empresas del sector privado de la salud y que hoy es presidida por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (Acami).
“Estoy convencido de que no hubo abuso ni cartelización, y los aumentos fueron destinados a los prestadores y a pagar servicios”, argumentó en las últimas horas el flamante titular de la UAS y que “lo que sucedió es, lamentablemente, un proceso de una olla a presión, algo que también se produjo en otras áreas de la economía. Durante más de 12 años los precios estuvieron controlados y los costos liberados, y esos costos se habían disparado”.
