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La Ley Bases sobre la que Javier Milei pretende edificar el comienzo de su mandato tendrá una segunda oportunidad desde mañana, cuando la Cámara de Diputados empiece a debatir en el recinto el proyecto que naufragó allá por febrero. Para evitar otro mal trago, el Gobierno tuvo que sacrificar varios de los artículos que incluía la iniciativa original y se vio obligado a negociar la totalidad del texto con los bloques de la oposición dialoguista. La discusión, se presume, será extensa: se prolongaría hasta el martes y, probablemente, concluiría en la madrugada del miércoles 1º de mayo.
Aunque al versión final del paquete de reformas no terminó de conformar al grueso de la oposición (solo mereció el respaldo incondicional de La Libertad Avanza-LLA y del PRO), en el Gobierno dan por descontada su aprobación en general. Con un piso de 135 adhesiones a favor, en el pelotón de apoyos aparecen los 38 votos del oficialismo, dos de Buenos Aires Libre, tres del MID (encabezado por Oscar Zago, extitular del bloque de LLA), tres de Independencia, 37 del PRO, al menos 17 de los 22 de Hacemos Coalición Federal (HCF), al menos 29 de los 35 radicales, ocho de Innovación Federal y uno de Creo.
Como en febrero, las mayores dificultades para los libertarios estarán en la votación en particular, ya que hay artículos que penden de un hilo y podrían caerse si el oficialismo no aceita sus acuerdos con la oposición.
Allanar el camino que condujo a la sesión de hoy no fue tarea fácil. LLA debió desprenderse de decenas de artículos para sacar el dictamen que finalmente acompañaron las fuerzas dialoguistas. Por ejemplo, quitó la parte sobre desregulación económica, eliminó el capítulo entero de Defensa de la Competencia, redujo a cuatro las declaraciones de emergencia y achicó a apenas ocho la lista de empresas sujetas a privatización (por ejemplo, dejó afuera al Banco Nación). Además, amplió la lista de organismos del Estado a salvo de cualquier intento de disolución (entre ellos el Incaa) y suprimió el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba a vender acciones.
Uno de los focos de conflicto que presenta la renovada Ley Bases tiene que ver con la reforma laboral, que a última hora se incluyó en el dictamen de mayoría del jueves.
En rigor, se trata de una versión comprimida del documento original y circunscripta básicamente a la derogación de multas por no registración, ampliación del período de prueba y la implementación del fondo de cese laboral optativo como alternativa a las indemnizaciones.
Pero deja de lado, entre otros puntos, la penalización por bloqueos a empresas y evita meterse con los interesas sindicales al no eliminar las cuotas solidarias de los no afiliados, algo sobre lo que reclamaba la UCR con un proyecto propio. Incluso, cuando la semana pasada trascendió que el Gobierno haría lugar al pedido radical, el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, amenazó con no votar la Ley Bases a menos que se dejara completamente de lado el capítulo de modernización laboral.
Al final, como se dijo, lo que quedó fue una versión acotada de la reforma. Sin embargo, los radicales y la Coalición Cívica (que pertenece a HCF pero presentó dictamen de minoría en el plenario de comisiones) intentarán plasmar cambios en el recinto en materia laboral y en el impuesto al tabaco (incluido en la ley fiscal).
También hay dudas respecto a lo que pueda suceder con el paquete fiscal y la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, cuyo mínimo no imponible el Gobierno pretende colocar en 1.800.000 pesos para solteros y 2.200.000 pesos para casados con hijos. En este punto, los radicales están divididos y no se descarta un batacazo en este sentido.
En la UCR y HCF tampoco están convencidos de las “bondades” del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, por lo que podrían votar en contra o proponer modificaciones en el recinto para favorecer a inversiones menores a los 200 millones de dólares, que es el piso que estableció el Poder Ejecutivo para acceder a los beneficios.
El escenario plantea un dilema para los diputados “dialoguistas”. Por un lado, aseguran querer darle a Milei las herramientas para que gobierne. Pero por otro no están conformes con la redacción final de algunos artículos y temen que si aplican su poder de veto (como en febrero) el Presidente ordene retirar el proyecto en plena sesión dejando expuestos a todos los que no acompañen. La definición empieza a develarse hoy.
